El Ministerio Público solicitó 9 años con 9 meses y 10 días de de pena privativa de la libertad efectiva para el ex juez de la Corte Superior de Justicia de Lima, Edgar Cléver Máximo Briceño Cárdenas, presuntamente por integrar la organización criminal que la lideraría el ex abogado Rodolfo Orellana Rengifo que se encargaba de ordenar desalojos y tomar la posesión de inmuebles.
La Fiscalía presentó acusación fiscal y solicitó también pena de cárcel efectiva para el suspendido abogado Rodolfo Orellana Rengifo, por el presunto delito de cohecho activo específico continuado, en agravio del Estado peruano y también solicitó que a ambos se les imponga la inhabilitación accesoria y el pago de la reparación civil respectiva.
Pide más de 10 años para Orellana
La acusación fue formulada por el fiscal Elvis Suárez Ferrer, titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Quinto Despacho, quien solicitó 10 años y ocho meses de prisión efectiva para Orellana Rengifo, con pena accesoria de inhabilitación por el mismo tiempo, tras sindicarlo como cabecilla de la organización criminal de la red Orellana.
Asimismo, solicitó para su cómplice primario Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas, 9 años con 9 meses y 10 días de pena accesoria de inhabilitación.
Ex magistrado ofrecía dinero a jueces
La imputación, efectuada por el fiscal Suárez Ferrer contra los acusados, señala que el exmagistrado Briceño Cárdenas, en tal condición, ofreció dinero a los implicados jueces de Paz Letrado de Huaycán, Luis Chira Ascurra; de Magdalena del Mar, Laura Márquez Rivera; y de Ventanilla, Gustavo Zavala Olcese, por encargo de Orellana Rengifo para influir en sus decisiones y admitan que se declaren fundadas las demandas de desalojo en 12 inmuebles ubicados en diversas zonas de Lima.
Los presuntos delitos imputados a la red Orellana datan del año 2012 cuando Briceño Cárdenas fue captado y se unió al pacto criminal del líder de los hermanos “Orellana”, para cumplir un rol determinado dentro de la organización, como ofrecer donativos -de miles de dólares- a los jueces de paz mencionados a fin de que las demandas de desalojo sean admitidas y ordenen la toma de posesión de inmuebles.
