ABRIL HA SIDO un mes terrible para los políticos. El nivel de aceptación de la gestión del Ejecutivo y el Legislativo es el más bajo de mucho tiempo. No entienden que ambos tienen que reinventarse pronto.
A ello han contribuido distintos factores políticos, como el escándalo de los Rolex, la inacción del Congreso ante los malos ministros, el recorte presupuestal que el MEF está practicando y, sobre todo, la falta de logros ante los problemas que son percibidos por la ciudadanía como los más álgidos del país: la delincuencia, la corrupción y la falta de obras.
Por lo menos, este es el panorama que muestran las encuestas de opinión independientes del mes de abril, cuyos resultados coinciden casi exactamente, a pesar de haber sido elaborados por distintas empresas especializadas.
EN PICADA
La encuestadora Datum Internacional reveló que la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte pasó del 85% en marzo este año al 88% en el presente mes de abril, recordando que, en abril de 2023, un 74% desaprobaba a la presidenta. Igualmente, hace un año, un 19% le brindaba respaldo: en los tres primeros meses de este año su aceptación era de 10% pero en abril cayó a solo 7%. Es decir, en un año la calificación de su labor se ha derrumbado a menos de la mitad.
Lo más grave es que, tras el escándalo Rolex, su credibilidad prácticamente ha desaparecido pues un 92% afirma que no cree en sus explicaciones. La empresa, en su análisis del estudio, señala que el nivel de desaprobación de Boluarte solo es comparable en las últimas dos décadas, con el mismo 7% que alcanzó Alejandro Toledo en junio del 2004.
La encuesta también recoge que la designación de Gustavo Adrianzén como primer ministro no le ha significado un aporte en términos de aprobación, pues éste ha iniciado su gestión, con un nivel de aprobación igualmente bajo: solo 8% de los encuestados lo aprueban, mientras que 8% lo desaprueba.
Tampoco ayuda mucho la designación de José Arista como ministro de economía, pues la labor de este alcanza una desaprobación de 65% y una aprobación de solo 14%.
Estas cifras de Datum coinciden con las de la encuestadora Ipsos que le da a la presidenta un 86% de desaprobación y un 8% de aprobación, en tanto que a Adrianzén le adjudica 67% de desaprobación y 8% de aprobación.
Tan devaluado como Boluarte se encuentra el Congreso de la República. Que mantiene un 86% de desaprobación y solo recoge un 9% de aprobación, demostrando que no lo salvan ni la devolución de fondos de las AFP o las otras leyes populistas que se han dedicado a probar en sus primeras semanas de reinicio de actividades. Su mayor crítica es la renuncia a la capacidad de fiscalización de los ministros, a quienes interpela pero no evalúa ni sanciona. Como dicen los muchachos sus invitaciones al Congreso son “pura finta”, para cumplir, pero sin una verdadera intención moralizadora.
Sin duda, los grandes problemas de inseguridad ciudadana, desaceleración económica e inacción de los organismos del estado se encuentran en la base de tan pobres resultados, que deberían ser leídos con mucha atención por el gobierno.
GOLPE DE TIMÓN
Es evidente que un nivel de aprobación tan bajo de los dos poderes del Estado, aunada a la crisis que se vive en la Fiscalía, es el principal factor de inestabilidad política y económica del país pues a la vez que desincentiva la inversión privada no ayuda a generar un clima de tranquilidad social. Situación que debería llevar a una drástica autocrítica de la presidenta y su equipo de gobierno para que dejen de tomen conciencia de las debilidades de su gestión.
En ese sentido, urge abandonar el tono triunfalista de la presidenta y sus ministros (que parece que vivieran en un mundo paralelo) y que dieran señales concretas de la voluntad de corregir sus errores y mejorar su eficiencia, por ejemplo, en la aceleración del gasto fiscal que se encuentra atrasado y que frena en lugar de promover la recuperación económica. Para adquirir una visión más real de la realidad del país y ampliar sus miras el gobierno debería emprender una gran cruzada de diálogo nacional, escuchando a los colegios profesionales, las universidades, las organizaciones sociales y empresariales y expertos independientes. La otra solución sría el adelanto de las elecciones.
