Cajamarca: Poder Judicial realiza audiencia pública extraordinaria

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La Primera Sala Penal de Apelaciones, con adición de funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, realizaron la audiencia pública extraordinaria, que tuvo por finalidad comunicar a la población cajamarquina y comunidad jurídica el estado de los procesos tramitados en esta Sala Penal, bajo las normas del Código de Procedimientos Penales de 1940; en el marco de la Resolución Administrativa n.° 300-2024-P-CSJCA-PJ de fecha 7 de marzo del 2024.

Los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones, en adición de funciones de Sala Liquidadora de Cajamarca, juez superior Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual (presidente), juez superior Jorge Fernando Bazán Cerdán y jueza superior Elizabeth Vicenta Arias Quispe, convocaron a la audiencia para el día 27 de marzo del 2024, al mediodía, en la sede judicial del Módulo Penal.

Convocó a la fiscalía y abogados

De esta forma, se convocó a la audiencia a las tres fiscalías superiores penales de Cajamarca, la defensoría pública de Cajamarca y al Instituto Nacional Penitenciario de Cajamarca y Chota (que tuvieran procesos pendientes de juzgamiento).

En tal sentido, con la información remitida por los establecimientos penales, así como el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, en adición de funciones a Juzgado Penal Liquidador, se informó a la ciudadanía sobre la cantidad y el estado de los procesos pendientes de resolver, para cuyo efecto se detalló que a la fecha la Sala cuenta con: 75 procesos en trámite de los cuales 65 se encuentran en reserva, 6 en juzgamiento y 4 pendiente de ser enviado al archivo central.

Procesados

Asimismo, se detalló que existen 28 procesos por el delito de homicidio, 3 por parricidio, 28 por violación sexual, 4 por tráfico ilícito de drogas, 4 robo agravado, 5 por peculado y 3 por el delito de secuestro.

Finalmente, en la sesión se propuso a los operadores del sistema de justicia la necesidad de consensuar y establecer mecanismos que faciliten la descarga procesal (como es el caso de los reos ausentes y los juzgamientos virtuales), garantizando el acceso a la tutela jurisdiccional y el derecho de toda persona procesada a ser juzgada dentro de un plazo razonable.

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