AGENDA PENDIENTE
Por: Miguel Hidalgo Medina
Exministro del interior
@MiguelHidalgoMe
Los hechos de sangre ocurridos en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio Valencia, candidato a la presidencia de la República, constituye una amenaza latente para los procesos democráticos en América Latina, sobre todo en países productores de drogas; máxime si consideramos que la autoría de este hecho criminal, podría recaer sobre el crimen organizado – narcotráfico, como una de las hipótesis que ha cobrado mayor fuerza.
Es conocido que Colombia se constituye como el primer productor de cocaína, Perú ha aumentado exponencialmente sus sembríos ilegales de hoja de coca y por lo tanto, su producción de cocaína, Ecuador convertido en un estratégico corredor para el trasteo de drogas, y Bolivia un país clave como acopiador principal de los alijos de droga procedentes de los valles cocaleros peruanos, para luego ser direccionados mediante rutas aéreas preestablecidas hacia Brasil, Paraguay, Centroamérica, y que tendrían como último destino la Unión Europea y Asia.
Lograr desarticular el binomio criminal: producción de drogas – crimen organizado, requiere con urgencia constituir un consenso Latinoamericano integrado por países de esta vasta región, para analizar la problemática en extenso y establecer un pacto político para desarrollar e implementar lineamientos de políticas multinacionales, orientados a: acciones coordinadas contra el crimen organizado, cancillerías con instrucciones de sus Gobiernos para construir un pacto regional contra esta lacra social. Asimismo, potenciar el Sistema de Inteligencia Internacional agrupando agencias como el Centro de Inteligencia del Caribe, INTERPOL sede principal – Lyon Francia, oficina INTERPOL Buenos Aires para América Latina, AMERIPOL en Bogotá, EUROPOL en la Haya, DEA y Servicio Secreto de EE.UU. y Scotland Yard, Londres.
Es necesario, también, homologar la Política Regional de Migraciones encontrando en la cooperación e intercambio de información en tiempo real, eficiencia para viabilizar procesos de expulsión y extradición inmediata. La cooperación decisiva de los Gobiernos, a través de sus principales operadores de justicia (Policía, Fiscalía y Judicial), para impulsar los procesos de investigación con mayor diligencia, formular carpetas fiscales con sustantiva carga de la prueba y que los órganos de justicia de los países apliquen penas severas contra el crimen organizado.
Ya tenemos algunos avances, La Policía Federal de Brasil por ejemplo ha tomado la iniciativa de crear el 2018 el Centro de Cooperación Policial (CCPI), en Rio de Janeiro, donde se trabaja el concepto de Regionalización del Combate al Crimen Organizado, este año se inaugurará el CCPI-Amazónico en Manaos. Este tipo de iniciativas ayudarán de sobremanera a producir inteligencia conjunta en un futuro cercano.
Finalmente, o los estados comparten una visión integral para luchar contra la lacra del crimen organizado o seguiremos teniendo este tipo de lamentables noticias relacionadas a crueles asesinatos de personalidades y autoridades, a cargo de mafias y organizaciones criminales.
