Continúan denuncias. El titular del Parlamento, Alejandro Soto de la Bancada de Alianza para el Progreso(APP) mintió en una declaración jurada ante las autoridades electorales, además ocultó una deuda que arrastraba un pago pendiente de S/ 10 mil por concepto de reparación civil desde el 2016, que le impedía postular al Parlamento, reveló “Panorama” este domingo.
Soto presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco una declaración jurada con la que aseguró no tener deuda total o parcial por reparación civil al 26 de octubre del 2020. No obstante, de acuerdo con “Panorama”, el legislador mintió para que su postulación al Congreso no fuera tachada.
El artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que los ciudadanos inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) están impedidos de postular al Congreso.
El origen de la deuda
El actual presidente del Parlamento fue sentenciado por difamación al culpar por la muerte de un joven al comandante PNP Nilo Chávez Luna, ex comisario del Cusco, en el 2011.Dos años después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco ratificó el fallo condenatorio, que consideró un pago de S/ 10 mil por reparación civil.Soto interpuso una medida cautelar y dilató el proceso hasta 2016, cuando el Quinto Juzgado Civil de Cusco dejó sin efecto esta medida y le dio 10 días para pagar la deuda, cosa que no hizo. El congresista, una vez electo, en junio de 2021, corrió y pagó el dinero que debía. El parlamentario no tuvo mejor idea que usar las redes sociales del Legislativo para defenderse.
Compra inmueble con una estafa
En 2012, el ahora presidente del Congreso, Alejandro Soto, vendió por 265 mil dólares a la empresa Waynapicchu un terreno que había adquirido meses atrás por solo mil dólares. Años después, en 2015, compró un lujoso inmueble por 252 mil dólares en el distrito cusqueño de San Jerónimo
Según la partida registral a la que accedió La República, no se consigna que el espacio se haya pagado a través de una hipoteca, por lo que se presume que el monto que obtuvo Waynapicchu en 2012 fue destinado a dicha compra.
La operación se concretó dos años antes de que Waynapicchu, empresa donde Alejandro Soto Reyes era asesor legal, descubriera la presunta estafa en la adquisición del terreno: la sobrevaloración del precio y el área del mismo (se hizo pasar 640.61 metros cuadrado como 879.90 metros cuadrados).
Por este hecho, así como la actualización no efectuada al estatuto de la compañía, la empresa denunció a Alejandro Soto por estafa y falsedad genérica. La Fiscalía pedía una pena privativa de la libertad de 8 años y 8 meses; sin embargo, el caso fue declarado prescrito luego de que el parlamentario solicitara que se aplique la Ley 31751, Ley que reduce la suspensión de la prescripción a un año. Dicha norma fue promovida y aprobada por el legislador de Alianza para el Progreso.
