La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las protestas sociales que se desarrollaron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre diciembre del 2022 y enero de este año.
La CIDH concluyó que, de acuerdo a la información que adquirió tras visitar el Perú entre diciembre y enero, sí hubo un uso desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza“, se lee en el documento.
Asimismo, se mencionan las armas con las que fueron atacados los manifestantes como agraviantes. “Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, indica.
El informe, de 113 páginas, también señala que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, continúa el texto.
Acerca de cómo se dio la situación en Juliaca, señaló que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”.
