El Ministerio Público realizó un operativo de allanamiento con fines de incautación de la casa de Sarratea, lugar donde se reunía el presidente Pedro Castillo a escondidas con diversos empresarios, lobistas y funcionarios de su entorno para cometer presuntas irregularidades. Esta propiedad pertenecía al prófugo empresario Alejandro Sánchez, a quien el Poder Judicial dictó una prisión preventiva.
La orden para esta intervención fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien se acogió el pedido de la fiscal Marita Barreto, quien lidera el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICCOP). El allanamiento se hizo junto a policías de la DIVIAC.
Cabe recordar que, según la investigación que viene realizando el Ministerio Público, Sánchez formaba parte del llamado “buró político” con el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, así como Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda y el empresario Abel Cabrera. Estos buscaban adjudicarse, a través de empresas de allegados, proyectos y obras en dicho sector y el Ministerio de Transportes. Uno de los líderes de esta organización era Pedro Castillo.
Esta propiedad pasará a ser administrada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tras la desposesión de los “ocupantes y terceros” .
“Ordeno que las diligencias a practicarse tendrán una duración de 72 horas, asimismo, ordeno que el Ministerio Público tendrá 14 díuas para ejecutar dicha medida”, se indica en la resolución al que accedimos.
