Tal como anunció el gobierno de Dina Boluarte, las designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional están siendo dejadas sin efecto a raíz del mal uso de los cargos en los últimos meses.
Ayer, una nueva tanda de 312 subprefectos distritales fueron separados de sus cargos por la jefa de la Dirección General de Gobierno Interior, Benigna Aguilar Vera, quien se tomó en serio la “limpieza” de este nivel del Estado.
Desde el inicio de las designaciones de los cuestionados funcionarios, se reveló que en su mayoría eran contratados por su alianza con el expresidente Pedro Castillo y organizaciones que le brindaban apoyo, entre ellas, gremios ligados a Sendero Luminoso, como el Movadef, el Conare-Sute, la Fenatep y el Partido Magisterial.
SE ACABÓ EL FAVORITISMO
La eliminación de estos cargos se inició el 12 de diciembre, tras la declaración del exministro de Defensa –ahora premier– Alberto Otárola. “El día de hoy se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Hemos encontrado ahí un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y en localidades donde se mueven estos prefectos”, dijo.
En efecto, varios de estos prefectos fueron sorprendidos azuzando las jornadas de violenta protesta a favor de Castillo y exigiendo la renuncia de Boluarte.
A mediados de año, se identificó a más de 10 personajes –entre prefectos y subprefectos– que tenían nexos con estas agrupaciones radicales. Pese a las advertencias, el gobierno de Castillo insistió en designar a sus aliados.
Ante la situación, la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales (Avanza País), propuso un proyecto de ley que busca la eliminación de estos cargos y fue aprobado en el grupo de trabajo. El dictamen está listo para ser debatido en el Pleno del Parlamento.
Durante una entrevista con Perú21.TV, la parlamentaria dijo que estas autoridades gastaron en 2022 “más o menos S/67 millones” solo en sueldos y que consideraba que este era “un gasto innecesario para cargos con duplicidad de funciones”.
Otro de los argumentos utilizados por la comisión para aprobar la propuesta fue que el dinero invertido en este grupo era hasta “mayor al presupuesto asignado para la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú en todo 2022″, para quienes se desembolsa alrededor de S/60 millones.
Para el 2023, el presupuesto para la Dirección General de Gobierno Interior, de la cual dependen los prefectos y subprefectos, se incrementó considerablemente, superando los S/80′721,684.
Azuzaron en las protestas
Tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, las protestas por el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución estallaron. Como reveló Perú21 en su edición del 19 de diciembre, miembros de la Fenatep que fueron beneficiados con cargos de prefectos durante la gestión de Castillo estuvieron detrás de la violencia.
Según los lineamientos del Ministerio del Interior (Mininter) publicados en el portal del Gobierno, el papel de las prefecturas es clave para promover la seguridad ciudadana y el orden interno al interior del país, incluso en las zonas más alejadas. Sin embargo, durante las primeras semanas de diciembre se identificó a 26 prefectos que, desde sus regiones y a través de las redes sociales, azuzaron las manifestaciones sociales que cobraron la vida de más de 20 peruanos.
Al menos seis de ellos estaban vinculados a la Fenatep, Conare-Sute y al Partido Magisterial, todos ligados al grupo senderista Movadef. Este diario constató que algunos coordinaban su accionar en las marchas en grupos de WhatsApp, entre ellos los prefectos de San Martín, Tito Angulo Rivero, y de La Libertad, Pablo Ruiz Contreras. Asimismo, el prefecto de Junín, Brangil Mateo Blass, convocó a marchar y usar la violencia a través de Facebook.
