Pedro Castillo fue detenido este miércoles en flagrancia por la Policía y la Fiscalía del Perú luego de perpetrar un autogolpe y poco antes de su destitución por el Congreso. Castillo fue intervenido en la prefectura de la Policía de Lima, en compañía del exprimer ministro Aníbal Torres, por el delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal.
En el Título XVI del capítulo I, en referencia a acciones que atentan contra el Estado y Orden Constitucional, se especifica que quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”.
Durante cerca de media hora se desconoció el paradero de Castillo, quien dictó el cierre del Congreso y el nombramiento de un Gobierno de emergencia, una medida que fue tachada por la oposición y varios políticos. La nueva presidenta, Dina Boluarte, lo calificó como un golpe de Estado.
La Policía confirmó que un grupo de efectivos intervino al expresidente golpista en cumplimiento de las facultades y “atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L. (decreto legislativo) n.° 1267″.
“Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado”, escribió la institución.
La Junta de Fiscales Supremos había anunciado acciones legales tras el “quebrantamiento del orden constitucional”, en un video grabado por Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.
Frente a este panorama, el abogado constitucionalista Erick Urbina refirió en RPP que Castillo cometió “un delito en flagrancia” y una “infracción constitucional por la cual debe ser deshabilitado hasta por 10 años”.
“Corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos. Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”, dijo.
Pedro Castillo detenido en la Prefectura.
Después del discurso donde disolvió el Congreso, Castillo abandonó la residencia de Palacio junto a su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos. Posteriormente, la comitiva presidencial ingresó a la sede de la Prefectura de Lima, ubicada en la Av. España.
