Pedro Castillo enfrenta una denuncia constitucional que podría sacarlo de la presidencia. Es acusado de ser cabecilla de una organización criminal enquistada dentro de Palacio de Gobierno.
El Perú se encuentra inmersa y entrampada en una crisis política que lleva años sin solución. La polarización y enfrentamiento entre la izquierda y derecha han llevado a que en los últimos 14 meses el gobierno se tenga que preocupar en responder por las graves denuncias de corrupción y organización criminal del presidente Pedro Castillo.
El reconocido diario Washington Post, en un reciente artículo del periodista Simeon Tegel, analiza la difícil situación política interna que atraviesa el Perú, sobre todo tras la presentación de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación Patricia Benavides donde acusa al presidente de aceptar sobornos por contratos de infraestructura y vender puestos de trabajo en el sector público.
“En su implacable crisis política, es posible que esta nación sudamericana ya haya establecido un récord mundial al llevar ante la justicia a expresidentes. Sin embargo, hasta ahora, ha mantenido una norma democrática de que los líderes en funciones no pueden ser procesados”, indica Tegel.
En el artículo se señala la lista de los últimos cinco presidentes que han sido acusados y han purgado cárcel por delitos de lesa humanidad, sobornos y corrupción. Alberto Fujimori cumple una larga sentencia por crímenes y violaciones de derechos humanos por los caso La Cantuta y Barrios Altos. Alejandro Toledo tiene arresto domiciliario y lucha por no ser extraditado al Perú para ser encarcelado por recibir sobornos de hasta 20 millones de dólares por parte de Odebrecht.
Un tercer expresidente, Alan García, que se suicidó de un tiro en 2019 antes de ser arrestado por la policía judicial peruana por supuesto soborno por la misma empresa brasileña para adjudicarse obras millonarias en el Perú.
Le sigue Ollanta Humala, el líder del partido nacionalista y su esposa Nadine Heredia fueron apresados y purgaron cárcel por varios meses, al ser señalados de haber recibido dinero ilegal para su campaña electoral y durante el tiempo que estuvo en el gobierno
Pedro Pablo Kuczynski es otro de los mandatarios que tuvo que renunciar para evitar una vacancia. El expresidente enfrenta arresto domiciliario e impedimento de salida del país, situación que ha afectado notablemente su salud. El proceso que pesa en su contra es por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y lavado de activos. Su reemplazo, Martín Vizcarra también fue desaforado por el Congreso por las acusaciones de corrupción durante su etapa como gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).
Ahora “el mandato breve y caótico de Castillo ha estado dominado por acusaciones de soborno e incompetencia. Desde que asumió el cargo en julio de 2021, ha quemado su capital político; su índice de aprobación ha caído por debajo de los 20 puntos”.
“El ex maestro de escuela rural y líder de la huelga de maestros, quien se postuló como el candidato a largo plazo del partido marxista-leninista Perú Libre, ha basado toda su identidad política en su origen humilde y su supuesta afinidad con los pobres. Pero los críticos dicen que ha traicionado a los ciudadanos más marginales de Perú, incluso al no abordar el hambre generalizada”, indica el reportero del Washington Post.
Menciona que esta crisis política se da en medio la difícil situación por la que están pasando la mitad de los 33 millones de habitantes de Perú que experimentan inseguridad alimentaria, “el doble del nivel previo a la pandemia y se espera que siga aumentando a medida que no se reemplazan los fertilizantes que normalmente se importan de Ucrania y Rusia. La respuesta de Castillo ha sido insistir en que los incas se las arreglaron sin los fertilizantes modernos y que solo los “perezosos” sufrirán”.
Pedro Castillo y su gabinete se ha defendido de la denuncia constitucional que Benavides anunció en vivo por televisión y acusado a sus oponentes de lanzar un “golpe de Estado”. Ahora está buscando una orden judicial para suspender la acción de la fiscal de la Nación.
“No se puede tener un presidente que encabeza una organización criminal pero se le permite completar su mandato. Eso sería una locura”, dijo Luciano López, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y uno de los académicos que primero propuso probar los límites del tratado de la ONU dentro del sistema peruano.
Tegel también da una mirada a un “Congreso peruano ultraconservador y visceralmente hostil a Castillo”, pero “no está claro si aprobarán la demanda constitucional y arriesgarán la posibilidad de elecciones anticipadas”.
“Muchos analistas dicen que despedir al presidente sin celebrar elecciones legislativas junto con una votación para llenar una vacante presidencial sería políticamente inviable y podría provocar protestas masivas. El Congreso, que soporta su propia corriente interminable de escándalos de ética y corrupción, es incluso menos popular que Castillo, con una aprobación de alrededor del 13 por ciento”, indica.
Alexandra Ames, politóloga de la Universidad del Pacífico de Lima, reconoció al Washington Post que dejar en el cargo a un presidente potencialmente criminal dañaría aún más la debilitada democracia peruana. Pero advirtió que expulsarlo usando un mecanismo no probado y tal vez ilegítimo podría abrir la puerta a un demagogo más extremo y duradero.
“El país se está degradando cada vez más. Hay un contexto de extrema polarización en el que ni la izquierda ni la derecha están ofreciendo soluciones reales”, dijo. “Todo el mundo está mirando la política, pero nadie está mirando la crisis de las instituciones y las políticas públicas”.
