El presidente Pedro Castillo dijo este jueves que la denuncia constitucional en su contra, presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, es un “error” que todavía puede ser rectificado.
En declaraciones a TV Perú desde Moyobamba, el mandatario afirmó que el Gobierno mantiene la apertura al diálogo hacia otros poderes del Estado, sin intención de quebrar el marco democrático.
“Si hubo algún espacio de equivocación o error, están a tiempo de rectificarse. Desde acá los convoco para sentarnos a conversar y mirar el país”, aseguró.
En clara alusión a la Fiscalía, apuntó que “cierto sector” se encuentra detrás de esa equivocación. “No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando o politizando a otro poder como es el espacio del Ministerio Público”, dijo.
Para Castillo es un tema “trillado” que constantemente se mencionen las acusaciones en su contra, las investigaciones y los testimonios de colaboradores eficaces, sobre los cuales negó tener ningún tipo de relación con una organización criminal.
“Lo que rechazamos es crear testigos, querer orquestar diciendo que soy jefe de una red criminal. Entiendo que hay una desesperación para hacer entender al país. Se inventan, se crean audios, se crean mensajes, se entrevista a gente que por abajo hay cierta colusión. Más allá de esos, no me voy a entretener en esas cosas”, replicó.
El jefe de Estado viajó a Moyobamba, donde inspeccionó avances de riego tecnificado de café en el fundo “Niño Jesús”, lo que permite optimizar el uso agua.
La visita ocurre dos días después de que la fiscal Benavides elevara una denuncia constitucional contra Castillo por liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).
El documento deberá ahora ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que, de determinar su procedencia, pasará a la Comisión Permanente hasta llegar al pleno del Congreso.
El presidente actualmente tiene abiertas en su contra seis investigaciones preliminares de la Fiscalía por supuestamente encabezar una presunta organización criminal que opera desde su Gobierno para otorgar fraudulentas licitaciones de obras públicas.
El mismo día de la denuncia constitucional, la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas y residencias de seis congresistas de Acción Popular (AP), conocidos como ‘Los Niños’, así como la vivienda de una hermana del presidente.
En manos del Parlamento
Con este movimiento, Benavides dejó en manos del Parlamento, dominado por la oposición, el destino de la acusación contra el mandatario, que desde que asumió el poder en julio del año pasado acumula seis investigaciones preliminares de supuestos casos de corrupción.
Este panorama enciende ahora una batalla con más tintes políticos que jurídicos, que se vislumbra larga y que, a los ojos de Castillo, forja el inicio de una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
La denuncia, de 375 páginas, imputa al jefe de Estado por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (fraude) y se extiende a dos de sus exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, también investigados en este caso, que salpica el entorno más íntimo del mandatario.
Tras sustentar la supuesta existencia de una presunta banda criminal en el Ejecutivo, el documento dedica sus últimas diez páginas al planteamiento de la fiscal, que pide al Congreso que haga una “interpretación” de las normas del derecho interno con las supranacionales.
La razón es simple: el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente del país solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.
En esa línea, Benavides plantea recurrir al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, alegando que es un tratado vigente de derechos humanos, obligatorio para el Estado peruano.
