“Una afrenta”. Así calificaron de forma unánime miembros de la Policía –en actividad y en retiro– el proyecto de ley cursado por el presidente Pedro Castillo para instaurar el 30 de agosto como el “día nacional de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000″. Es la misma fecha en que se celebra el día de Santa Rosa de Lima, patrona del cuerpo policial y día de celebración en la PNP a lo largo de todo el territorio nacional.
La iniciativa llegó al Congreso el viernes con la rúbrica del jefe del Gabinete, Aníbal Torres, tras ser aprobada a nivel del Consejo de Ministros.
Tiene como finalidad, según indica, “preservar la memoria” y “sensibilizar” respecto a “la problemática de las personas desaparecidas” entre 1980 y el 2000, que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE), ascienden a 21 mil.
“Y contribuir a la prevención de desapariciones y al esclarecimiento de los hechos ocurridos para los familiares de las víctimas y la sociedad peruana”, se agrega.
Pero la propuesta solo causó malestar y desazón entre miembros de la Policía, que –según nuestras fuentes– ven esto como una nueva “provocación” y una “falta de respeto” a la institución que combatió el terrorismo y sufrió bajas.
“Es una afrenta a la Policía, una falta de respeto a una institución que siempre se ha dedicado a la defensa de la sociedad”, dijo a Perú21 José Baella, exjefe de la Dircote.
En su opinión, al elegir el mismo 30 de agosto, el Gobierno de Castillo busca “enfrentar peruanos contra peruanos” y “agudizar las contradicciones”.
“El Congreso tiene ahora una gran responsabilidad de no aceptar este pedido ingrato para la institución policial”, agregó Baella.
Por su parte, Carlos Morán, exministro del Interior y exjefe de la Dirandro, señaló a este diario que Castillo y el premier no pueden “ofender de esta manera a la institución policial”. Agregó que si bien no se debe “menoscabar la memoria colectiva de una nación” y el derecho de los familiares de los desaparecidos durante el terrorismo, el ubicarlo en el mismo día solo es una “provocación” a la PNP.
“Es una evidente provocación y una falta de respeto a la memoria de los miles de policías que murieron o quedaron discapacitados en su lucha por alcanzar la pacificación nacional”, dijo Morán.
“Castillo y su premier deberían ser considerados personas no gratas por la Policía por sus reiterados ataques, humillaciones y resquebrajamiento creciente de la institucionalidad”, agregó.
Por su parte, José Luis Gil, exmiembro del GEIN, calificó la propuesta del presidente como “una estrategia de amedrentamiento psicológico contra la Policía”, la cual se suma a los ataques ya vistos anteriormente, como los cambios en el alto mando.
“Es una secuencia de agresiones contra la fuerza policial que le viene deteniendo y correteando a familiares y amigos que constituyen una organización criminal, según la Fiscalía. Simplemente es el correlato de tratar de frenar las acciones de la Policía, ese es el tema de fondo”, manifestó Gil.
SIGUEN LOS AGRAVIOS
Pero la afrenta no solo se materializó en una iniciativa legislativa. Ayer, ni el presidente Castillo ni el ministro del Interior se hicieron presentes en la Catedral de Lima para celebrar la misa en homenaje a Santa Rosa de Lima, pese a las invitaciones cursadas. Tampoco estuvo el primer ministro.
“Es una tradición que vayan los presidentes. No recuerdo que alguna vez un presidente haya dejado de ir. Que no hayan ido es una gran falta de respaldo a la institución. Nos desmotiva”, dijo anoche Luis Vera, removido comandante general de la PNP.
Castillo permaneció despachando en Palacio, mientras que el ministro Willy Huerta optó solo por acudir a visitar a tres bomberos heridos en un accidente.
Quien sí acudió fue la presidenta del Congreso, Lady Camones. “¿Qué podemos decir ante ello? El respeto sobre la Policía siempre tiene que estar, y sobre todo en las autoridades”, dijo consultada por las notables ausencias.
TENGA EN CUENTA:
Fuentes de la Dircote confirmaron a Perú21 que el Ejecutivo no pidió ninguna opinión para el proyecto.
La Fundación de víctimas del terrorismo Juana López rechazó este intento de “sobreescribir la historia de la época y la lucha contra el terrorismo”.
“Presentar un proyecto que intenta borrar de la memoria la historia peruana (…) solo confirma que no hay un compromiso real de parte del Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo”, indicó.
