POR Mg. Dimitri Senmache A.
RESALTADO
Claro que necesitamos seguir promoviendo la inversión pero una que sea social, ambiental y económicamente responsable y sostenible con el Perú
ARTICULO
Ad portas de ingresar al ultimo trimestre del año 2022, resulta estrictamente necesario ensayar un balance objetivo y técnico respecto de como se reflejan en la sociedad las distintas acciones de inversión en extracción de recursos que se realizan en nuestro país como también su impacto directo en la calidad de vida de cada ciudadano.
Al respecto un indicador que mueve las agujas del reloj es, sin duda alguna, la conflictividad social, misma que a la fecha acumula 208 problemas registrados por mes entre julio de 2021 y julio de2022, y de este número general, 131(es decir, el 63%) corresponde a un carácter socio-ambiental, englobando así, en su mayoría, a las actividades extractivas como la minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, entre otros. ¿Qué nos dice esto? Pues es que existe una población descontenta que constantemente alega ser víctima de una contaminación a su ecosistema, lo que se traduce en un cambio de vida radical que se ven obligados a asumir por dichas actividades. Sin embargo, desde otro lado, también se tienen casos favorables y dignos de compartir, como historias de progreso de las familias peruanas, las cuales han podido salir del circulo de la pobreza.
No obstante, no es posible negar que en nuestro país hemos tenido inversión que no ha sido ambiental ni socialmente responsable con las actividades de explotación y de transporte, lo que ha generado un precedente negativo en comunidades, y esas conductas deben ser sancionadas con rigor y sin redención alguna. Es aquí donde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA, juega un rol medular a través de sus Direcciones de Evaluación, Supervisión y Fiscalización para ejercer su competencia en materia ambiental de todas las actividades productivas. En este punto, resulta urgente revisar cuan eficientes y eficaces han sido las sanciones impuestas por este organismo, analizando además si la posibilidad de una sanción logra realmente desincentivar o no la conducta infractora del agente o si, en todo caso, es preciso tomar un poco mas de fuerza para hacerla efectiva, asumiendo incluso otras acciones, como la propia obligación de remediación del daño a la empresa sancionada, recordando siempre que la fuente del Derecho Administrativo es de carácter penal sancionatorio.
Del mismo modo, reforzar el trabajo minucioso de acompañamiento integral y permanente con la comunidad, desde las etapas previas a la exploración, para saber el estado en que inicia un proyecto y como debiera terminar este, haciendo responsable cada sector desde su lado, lo que asegure un cierre efectivo de brechas sociales que, en muchas ocasiones, han sido reclamadas a otros agentes. Seguramente, teniendo un buen control y fiscalización con hechos ejemplares, así como haciéndose cada uno responsable de su competencia respecto de la comunidad, y además, contando con un Estado que acompañe esta relación, podremos mejorar progresivamente, reduciendo conflictos, descontentos, y, sobretodo, enfrentamientos innecesarios que solo nos llevan a mas atraso social.
Queda entonces la tarea de potenciar el OEFA, incentivando con ello una inversión responsable y sostenible; lo que además nos permite acompañar, de forma integral y permanente a nuestras comunidades para lograr el ansiado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección socio-ambiental.
