Congreso de la República tiene 30 días para reformular su postura y no provocar riesgos ambientales en la biodiversidad y derechos de las comunidades indígenas
Sin los bosques de la Amazonía peruana no hay futuro. El Ejecutivo observó el proyecto de ley impulsado por el Congreso de la República, el cual debilita la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), a través de cambios en el marco legal.
El lunes último, el presidente Pedro Castillo hizo observaciones a dicho proyecto de ley en base a las consideraciones del Ministerio de Ambiente (Minam) y el Ministerio de Agricultura (Minagri), que sostuvieron que dichos cambios en las normas iban causar un gran impacto negativo en el bosque, la biodiversidad y, especialmente, en los derechos de los pueblos indígenas.
Esta autógrafa de ley conlleva el riesgo de permitir que se otorguen títulos de propiedad y constancias de posesión sin la evaluación necesaria, lo cual alentaría la deforestación en la Amazonía.
Frente a ello, el Poder Ejecutivo manifestó su compromiso de lucha contra la deforestación. Entre las razones por las que la autógrafa fue observada, se destaca que la Constitución Política del Perú establece que el Estado debe promover el “desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada” y que todos los ciudadanos tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado.
Además, destaca que la autógrafa de ley “no ha sustentado técnicamente, cual es la línea base de los predios rústicos que buscaría amparar” con la referida disposición, ni “cuenta con el análisis de los posibles impactos negativos en el bosque, como la masiva deforestación y afectación de los recursos forestales y de fauna silvestre (…)”.
Respecto a la observación efectuada por el Ejecutivo, Patricia Torres Muñoz, asesora legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), resaltó que, “es importante que el Ejecutivo haya marcado una posición sobre los riesgos de la autógrafa, correspondiendo ahora al Congreso de la República su reformulación para no fomentar prácticas ilegales, de lo contrario se convertiría en cómplice de las mismas, y que desde el Estado se abra un debate técnico-legal (alturado y con sustento) sobre la problemática en torno a la gestión del territorio”.
La Comisión Agraria tiene hasta 30 días útiles para pronunciarse sobre las observaciones formuladas por el presidente Castillo.
DATO:
El último viernes, se interpuso una demanda de amparo contra la autógrafa de ley por representar una amenaza al derecho fundamental de gozar de un medioambiente adecuado. Se espera que el Poder Judicial pueda admitir este proceso en una semana.
