Un informe de la Contraloría remitido el último viernes 20 de mayo al Congreso da cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. El documento también habría sido enviado a ella.
El informe advierte una presunta infracción del artículo n.° 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Se acusa a Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
