Un total de once leyes de impacto social, nacional y regional, cuyos proyectos fueron presentados al Poder Ejecutivo luego de ser aprobados por el Congreso desde agosto hasta el 18 de abril, no se pueden aplicar debido a que no han sido reglamentadas por el Gobierno en los plazos estipulados.
Entre las leyes que no pueden aplicarse está la N° 31405, ley que promueve la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes huérfanos y que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.
También figura la ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones; la que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del sector Educación destinados a instituciones educativas públicas; así como la que promueve la industrialización del agro.
Otras normas que no se pueden ejecutar por el momento son la ley que reconoce la labor de los canillitas y regula sus actividades en los espacios públicos; la ley que ayuda a las micro y pequeñas empresas (mypes) para la cancelación de sus facturas; así como la ley que regula el servicio de exensión agropecuaria. Asimismo, El Reporte de Antecedentes Legislativos, pertene
ciente al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, informa que la ley que declara de interés nacional la erradicación del trabajo forzoso y la creación del Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso, tampoco pueden aplicarse por falta del reglamento respectivo.
Las dos últimas leyes que no se pueden implementar son la ley que perfecciona la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, y la que establece la condición militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas
