Según abogada penalista Romy Chang, si la Fiscalía de la Nación encuentra indicios contra exautoridades, podrían acumularse varias penas
La situación legal del expresidente Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, se podría complicar si la Fiscalía de la Nación encuentra indicios de responsabilidad penal por la muerte de los dos jóvenes y decenas de heridos durante la Segunda Marcha Nacional del pasado 14 de noviembre.
Para la abogada penalista Romy Chang, las exautoridades del Ejecutivo afrontan diferentes delitos que pueden sumar la pena máxima de 35 años de prisión.
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«Podrían ser objetos de diversas sanciones penales, que se sumarían hasta el tope de 35 años. Así, por ejemplo, tenemos el delito de homicidio doloso, que se sanciona con una pena de 6 a 20 años; el delito de lesiones graves, hasta 8 años; lesiones leves, 3 adicionales; desaparición forzada, si en caso que se demostrase que ellos conocían que se iba a retener a los protestantes; todo podría sumar 35 que es el tope», declaró a La Última.
Chang sostuvo que la Fiscalía de la Nación debería establecer, para presentar una denuncia constitucional sólida, que existe un vínculo entre las ordenadas dadas a la Policía Nacional contra los manifestantes y lo que se hizo.
«O sea, comprobar que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez, dieron o tuvieron conocimientos de ordenes orientadas al uso excesivo de la fuerza y pese a ello, decidieron que se de o se hayan quedados callados y no haciendo nada«, agregó.
