La decana del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), Mónica Ríos Torres, critica a su antecesora por aferrarse al cargo del que fue vacado en el 2018
Con una actitud firme, 17 decanos regionales del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) y 4 miembros directivos del Consejo Nacional del CEP exigen a la exministra Liliana La Rosa dejar de usurpar un cargo que no le corresponde en el gremio profesional, situación que puede generar una inestabilidad en la institución y poner en peligro el desarrollo del proceso electoral para el periodo 2021–2023.
“La exministra La Rosa fue decana del colegio hace dos años, pero al ser designada como responsable del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en abril del 2018, ya no podía ejercer el cargo del CEP. En vez de renunciar, que era lo que ameritaba, pidió una licencia por un mes, pero se fue alargando porque ella fue ministra cerca de un año”, detalló.
Es importante mencionar que el artículo 126 de la Constitución Política establece que “los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”, además, “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Es así que, en octubre del 2018, la Asamblea Nacional del CEP decidió vacar a Liliana la Rosa, a través de la resolución N°136-18-CN/CEP, y ratificar el reconocimiento de la licenciada Mónica Ríos como Decana Nacional.
“Fieles a las normas de nuestro estatuto, yo, como vicedecana, era quien debía asumir el decanato y así se hizo. En octubre del 2018, la Asamblea Nacional de nuestro colegio decide vacar a La Rosa para que yo asumiría el cargo. En diciembre del mismo año, ella presenta la primera demanda contra el CEP”, añadió.
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Sin embargo, cuando La Rosa dejó el Midis en marzo del 2019, demandó por segunda vez al CEP con el objetivo de anular su vacancia y recuperar de manera abrupta el cargo del cual se le había retirado por incumplimiento constitucional, “bajo el argumento de que los acuerdos del consejo son nulos” y que estaba inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
“La Sunarp sea convertido en un obstáculo para los colegios profesionales, crea conflictos en las instituciones creadas por Ley. No existe una reglamentación específica para la inscripción, renovación y revocatoria de sus autoridades, lo que ha generado discrepancias internas en el gremio de contadores, profesores, entre otros. Dicha norma debe diferenciar a las asociaciones privadas y respetar la autonomía de los colegios por Ley, la misma que debe especificar el registro de sus representantes y acuerdos”, argumentó Ríos.
