Aprueban ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales y tierras eriazas

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Minagri señala que norma permitirá promover la articulación y coordinación con gobiernos regionales para cerrar brechas de titulación

El Pleno Agrario del Congreso de la República aprobó, con 113 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, la ley de saneamiento físico, legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales.

Esta ley establece el marco legal para la ejecución de los procedimientos vinculados al saneamiento físico legal y formalización de predios rurales y de las tierras eriazas habilitadas con fines agropecuarios a nivel nacional.

Además, prescribe diversas medidas que promueven el cierre de brechas de la titulación rural, tales como la ampliación de la fecha límite, siempre que medie posesión directa, pacífica y pública y explotación económica actual en los predios rurales; así como el establecimiento del procedimiento de regularización de dominio por tracto sucesivo de las transferencias en el ámbito rural, lo cual permitirá levantar los que se encontraban en contingencia por falta del marco normativo.

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Asimismo, define las competencias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), y de los gobiernos regionales, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y articulación entre ambos niveles de gobierno, a través del uso e implementación de sistemas de información interoperables diseñados bajo un enfoque de procesos de fácil acceso a la ciudadanía que garanticen la calidad y oportunidad de los pronunciamientos administrativos referidos a la formalización de los derechos de propiedad de predios rurales y tierras eriazas habilitadas, otorgando seguridad jurídica a la población agraria.

Luego de saludar la aprobación de esta Ley, el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, señaló que “la puesta en vigencia de esta ley permitirá la modernización de la gestión descentralizada, bajo un enfoque de transparencia y de calidad del servicio al agricultor beneficiario”.

Cabe destacar que, con esta norma se promueve el crecimiento sostenible de la actividad agropecuaria, mediante el establecimiento de condiciones que garantizan la continuidad de las actividades agropecuarias de los predios formalizados y adjudicados de propiedad del Estado, por parte de los gobiernos regionales con el fin que la actividad sea sustentable.

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