Por Carlos Jaico Carranza (*)
El ciudadano de este milenio parece romper con el anterior, al cuestionar y oponerse a las autoridades tradicionales (padre, madre, profesor, funcionario o autoridades), confrontando a la autoridad con desobediencia. La consecuencia es la crisis de autoridad y respeto que apreciamos de manera cotidiana, donde se vilipendia a quienes se les ha confiado el ejercicio del poder.
Precisamente, Henry David Thoreau, en su obra “Desobediencia civil”, planteaba que “el mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos”. Sin embargo, a renglón seguido sostenía que esto se puede hacer “siempre y cuando los pueblos estén preparados para ello”.
Y al parecer no lo estamos todavía. Porque parte de la ciudadanía desconoce esta autoridad al oponerle su individualidad. Sabe que funciona dentro de una institucionalidad débil con un marco legal que ha aprendido a evadir; reivindica su ciudadanía hablando de “sus derechos” sin mencionar “sus obligaciones”. Este desapego social hace que, al final, la responsabilidad por lo que suceda no recaiga en él, sino en los otros.
Es la situación que estaríamos atravesando, al adolecer el ciudadano del “yo” colectivo, necesario para la convivencia y sobrevivencia social.
Marcel Gauchet reitera este peligro en su ensayo “Los derechos humanos no son una política”, donde afirma que, desde la perspectiva del individuo, de sus exigencias y derechos para volver a la sociedad conduce a la impotencia colectiva. En sí, se caería en el callejón sin salida del pensamiento del individuo contra la sociedad.
Sobre este persistente individualismo, laboriosamente se podría hablar en términos de solidaridad, menos asentar cualquier autoridad. Pero habría una razón suplementaria. Max Weber en “Economía y sociedad” plantea que toda obediencia se explica por la creencia en el prestigio de sus gobernantes. Y por estos lares, los múltiples casos de corrupción han afectado la credibilidad de autoridades, afectando su prestigio.
Han renunciado a ser un prototipo moral y colectivo, pensando erradamente que la credibilidad se sustenta en la fuerza, el status o la demagogia. Esta autoridad no fluye como hecho inherente a las propias acciones del individuo. Requiere aún, el acuerdo consensual de la ciudadanía, para su capacidad moral, y sustentar su autoridad en la razón y el ejemplo.
(*) Jurista, escritor, catedrático y conferencista
