Por: Carlo Augusto Pérez Pérez
Comunicador y docente
El Ministerio de Educación adolece de impericia y falta de empatía con la realidad de las regiones y provincias del país, pues ellos tienen distintos escenarios y problemáticas que no son tomados en cuenta por el ente rector. Así, hay una incorrecta toma de decisiones, no sólo en pro de las mejoras que el sector requiere con urgencia y emergencia, sino también a efectos de no perjudicar la estabilidad emocional de la comunidad educativa y la tan ansiada gobernabilidad institucional del sector educación a nivel de todo el país.
Preciso esto porque, en el colmo de lo indebido, el Ministerio de Educación (MINEDU), mediante un simple oficio ha determinado hasta el 30 de setiembre la ampliación de funciones de los directores de UGELES designados por concurso, luego que esta debía de fenecer el pasado 31 de julio.
Es decir, dos meses de gracia, para quienes -sin duda- sí se lo merecen, por su buen accionar probo y honesto; pero qué hay de aquellos sancionados e inhabilitados al haber cometido gravísimos actos de corrupción, omitiendo funciones, prescribiéndose flagrantes casos de acoso y violación sexual de docentes contra indefensas estudiantes, que hoy junto con sus familias, sufren el irreversible trauma de la violencia y la deshonra que ocasionará un profundo estigma, por el resto de sus vidas.
Este es el caso particular de la provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín cuya sociedad y magisterio regional se halla en zozobra, luego que el controvertido director designado de la UGEL, José Alembert Cotrina Hernández, tras cumplir una sanción administrativa de nueve meses aplicada por la Dirección Regional de Educación, retomó funciones este lunes 17 de agosto, valiéndose justamente del salvavidas del MINEDU, al no sopesar las graves denuncias que pesan en su contra, así como de otros directores de San Martín y del país, duramente cuestionados, para así, promoverlos en el cargo.
Aparte de esta unilateral y convenida decisión con la expedición de dicha normativa contradictoria y burocrática que favorece al susodicho y a otros, el Minedu comete el error de permitirles que participen en la evaluación de desempeño para tener continuidad en cargo, máxime cuando dichas funciones no las ejercieron por haber estado inhabilitados, y de oficio debían estar descalificados por incumplir los requisitos legales.
Se trata de una flagrante violación a las normas establecidas, a la Ley de Reforma Magisterial, que con claridad establece que quienes se encuentran con sanción vigente por procesos administrativos o disciplinarios, no pueden ser evaluados: “No registrar sanciones ni limitaciones para el ejercicio de la profesión docente en el Escalafón Magisterial. De existir sanción administrativa registrada en el Escalafón, este requisito será verificado considerando lo siguiente: En caso de sanción con cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 12 meses, los profesores podrán inscribirse, siempre que hayan transcurrido 02 años desde la fecha en que se cumplió la sanción hasta el primer día de inscripción a los concursos. No tener en curso una sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo”.
Ojo: No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). En consecuencia, el señor José Alembert Cotrina Hernández y otros no cumplen con dichos requerimientos exigidos por ley.
Todo esto se trataría de una maniobra bien calculada del Minedu, para favorecer a esos funcionarios que, pese a su condición legal y cuestionamiento social, les fueron serviles y respondieron sumisamente a sus perversos dictados mediante la Dirección Técnica Normativa de Docentes (DITEN) contra un magisterio digno y responsable como el caso de Juanjuí, en la región San Martín.
Esta es la historia de la educación aquí, una lucha digna y honrada, en defensa de los derechos salariales y la mejora de las condiciones de la educación durante la Huelga Nacional Indefinida de las bases regionales el 2018, que se ha visto seriamente afectada con la sanción a cerca de 400 profesores que fueron castigados con suspensión por 31 días sin goce de haber, dejando sin remuneración ni gratificación por Fiestas Patrias, a hogares que dependen de ese sueldo para vivir, causando Cotrina Hernández un daño laboral, económico y pedagógico, sin precedentes, en los anales de la educación de esta región selvática.
Esta sanción no sólo significó maltrato y falta de comprensión humana frente a la precaria situación del maestro en el Perú, sino que también causó un serio daño a la educación de los hijos del pueblo, pues lo que se hizo es reemplazar a los sancionados, con estudiantes de primeros ciclos de pedagogía o técnicos de otras especialidades que, al no tener formación en la carrera, sólo se dedicaron a “cuidar” a los alumnos en ese periodo perdiéndose lamentablemente la calendarización de acciones vigentes.
Sabemos, que la autoridad no emana de un encargo administrativo o de la imposición política y amañada, sino se gana mediante el ejercicio racional y ponderado de las atribuciones conferidas, y eso parece no estar en el chip de muchos empoderados jerarcas funcionarios designados. No se gobierna ni se dirige una institución con sentimientos de odio y venganza, como en este caso del señor Alembert Cotrina Hernández, cuyo mal recuerdo, aún persiste en la memoria del colectivo docente, que hoy, ante su retorno, es visto como una amenaza por su antecedente represivo y anti magisterial.
De esta forma, no se puede favorecer a funcionarios que cometen tropelías aprovechándose de su ubicación en las esferas del Estado y de la confianza depositada para manejar el sector profesionalmente y con transparencia, en base a los recursos del estado.
Señores autoridades, la lucha anticorrupción debe contemplar la presencia en las sedes de las Unidades de Gestión Educativa Local, a funcionarios probos, con la suficiente dignidad, solvencia moral y técnica que se requiere, no sólo para dirigir, sino también para inspirar ejemplo de vida y dignidad a la sociedad y principalmente a nuestros estudiantes, padres y docentes.
